En México, la crisis de personas desaparecidas ha dado lugar a una de las expresiones más profundas de dolor colectivo y resiliencia: las madres buscadoras.
Estas mujeres, organizadas en colectivos en todo el país, han tomado en sus manos la labor de buscar a sus hijas e hijos desaparecidos ante la ineficacia de las instituciones del Estado.
Su lucha ha visibilizado una grave crisis de derechos humanos y ha cuestionado directamente la legitimidad y capacidad de las autoridades.
El papel de las madres buscadoras no sólo ha transformado la narrativa sobre las desapariciones, sino que también ha tenido un profundo impacto político, social y jurídico en México.
Madres buscadoras: una red de apoyo
La figura de las madres buscadoras surge como resultado del abandono institucional. Muchas de estas mujeres iniciaron sus búsquedas con palas, varillas y picos en mano, rastreando fosas clandestinas y terrenos baldíos, sin más respaldo que su propia convicción.
A lo largo de los años, han construido redes de apoyo, documentado hallazgos, confrontado al crimen organizado y presionado al gobierno. Su movilización ha sido clave para que el tema de los desaparecidos se mantenga en la agenda pública nacional e internacional.
En marzo de 2025 los colectivos exigieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que las incluyera en la elaboración de reformas al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Forbes México, 2025).
Esta petición es legítima y además estratégica: su experiencia en el terreno, sus registros independientes y su conocimiento empírico del problema superan en muchos casos al de las propias autoridades. Ignorar su participación sería, como ellas mismas lo han dicho, repetir la exclusión institucional que ha perpetuado la impunidad.
Impacto múltiple
En el ámbito político han forzado a los gobiernos a responder, crear fiscalías especializadas, y promulgar leyes como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
El impacto de estas mujeres es múltiple. En el plano social han creado conciencia sobre una crisis que afecta a más de 100 mil familias en el país.
En el plano jurídico sus denuncias han abierto investigaciones y sentencias en tribunales nacionales e internacionales. Son, en todos los sentidos, defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, enfrentan múltiples obstáculos: amenazas de grupos criminales, indiferencia gubernamental, recursos limitados y criminalización. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad, reconocer su legitimidad y facilitar su participación en la toma de decisiones relacionadas con las políticas de búsqueda, verdad y justicia.
Madres buscadoras unidas
Las madres buscadoras representan una resistencia ética y política ante la violencia estructural que impera en México. Su lucha ha puesto rostro y voz a una tragedia que durante años fue invisibilizada.
Ignorar su experiencia sería injusto e ineficaz. Para que México avance en la solución del problema de las desapariciones, es fundamental que se reconozca el valor de estas mujeres y se institucionalice su participación en las reformas que buscan construir un país más justo y más humano.
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Forbes Staff (2025). Colectivos de familiares de desaparecidos piden participación en reformas de Sheinbaum. Forbes México. México.
Comisión Nacional de Búsqueda (2024). Informe sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas. México: Gobierno de México.
Centro Prodh (2023). La lucha de las madres: Resistencia en la búsqueda de sus hijos e hijas. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.