Los debates y discusiones acerca de la posible despenalización del uso de cannabis se han desplegado en diversos sentidos, sin embargo, hay dos aspectos que presentan mayor resonancia: el uso médico-terapéutico y el uso recreativo.
Estos aspectos no son simples; al contrario, a partir de que el uso y consumo de sustancias son un fenómeno social se vuelve un asunto influido por las dinámicas propias de la cultura y la colectividad.
Es necesario que las disciplinas científicas aporten elementos útiles para definir el territorio crítico que permita la toma de decisiones para la conformación y puesta en marcha de políticas públicas sobre este problema.
Las políticas públicas inciden y afectan a toda la población, no sólo en el ámbito de la salud, sino también en los culturales, económicos, sociales e institucionales. Es necesario replantear el problema de la cientificidad, es decir, las prácticas ideológicas o técnicas de las disciplinas en las que se fundamentas estas políticas.
Existe la necesidad de implementar y desarrollar estrategias de resistencia, discusión y crítica hacia las propuestas en materia de política pública a partir de las disciplinas científicas ideológicas y técnicas desde un lugar hegemónico para dar oportunidad de integrar la diversidad , la libertad de elección y el pensamiento incluyente a partir del desarrollo de la teoría y estudios críticos.
Qué busca una política pública
Una política pública puede definirse como una intervención deliberada del estado para corregir o modificar una situación social o económica que se ha reconocido como problema público.
También son decisiones transversales que regulan la actuación interna de los gobiernos, y que están destinadas a perfeccionar la gestión pública.
No son cualquier intervención, regulación o acción pública. Tienen que ser decisiones tomadas por los órganos ejecutivos o representativos de Estado (y no por particulares). Su propósito consiste en modificar el problema mediante el uso de recursos normativos, presupuestarios y humanos con los que cuenta el sector público.
Las políticas públicas se consideran una selección, definición, teorización y metodologización de problemas. Siempre se refieren al espacio público. No son actividades privadas emprendidas por un individuo, una empresa o un consorcio de personas físicas o morales en función de sus intereses. Ello implica que toda política pública es, al final, una afirmación de valores, una orientación normativa (lo que debe suceder).
En su obra Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas (1998), Giandomenico Majone hace una metáfora entre los problemas públicos (objeto de las políticas) y los programas de investigación (sobre todo la problematización y la elección de metodologías). Este autor sitúa en el centro de la política pública tres aspectos absolutamente necesarios:
- Causalidad del problema.
- El resultado específico que quiere producirse tras la intervención del Estado.
- Argumentación exacta sobre el sentido y el propósito de la política que se realizará a partir de los valores que se defienden y que dan sentido a la intervención.
Si cualquiera de estas tres condiciones no se definen ni se resuelven con absoluta claridad, de ninguna manera es posible estructurar e implementar políticas públicas.
Se debe considerar este último comentario al momento de intentar dar cuenta de lo relativo a la conformación de políticas públicas referentes a cualquier sustancia, en lo general, y a la marihuana, en lo particular.
Desde nuestro punto de vista, es imposible situarse en favor o en contra de cualquier regulación en materia de drogas si este aspecto no se encuentra resuelto, puesto que no es posible tomar una postura responsable.
Propuesta de vigilancia
Lo anterior sólo constituye un esbozo e intento argumentación que, según consideramos, constituyen aspectos ineludibles si se trata de conformar e implementar políticas públicas en materia de salud mental (específicamente en materia de drogas y alcohol).
No es posible establecerlas sin que los cuestionamientos planteados sean develados de manera puntual. También es necesario que las instancias, los organismos, los institutos, las instituciones de educación y formación profesional, así como de investigación y agrupaciones independientes enfocadas al estudio de problemas relacionados con la salud mental participen activa y directamente con el Estado. Esto con la intención de dar consistencia a cualquier intento de regulación, debido a que el Estado ha mostrado un radical extravío en relación con el abordaje científico, ideológico y técnico necesario para la comprender y transformar cualquier problema vinculado a la salud mental de la población.
Algunas propuestas son las siguientes:
- Mantener y sostener una vigilancia epistemológica desde el ámbito académico de manera permanente en todo movimiento o propuesta derivada del Estado.
- Conformación de un observatorio de políticas públicas, establecido desde las instituciones universitarias.
- Participación activa y directa del programa de Alcohólicos Anónimos y sus derivaciones en el tratamiento del abuso de drogas dentro de la salud pública y en los programas académicos universitarios.
- Incremento de investigaciones, estudios y programas de prevención e intervención con la inclusión del concepto de dispositivo; un elemento clave para que, a partir de su implementación en el orden institucional, se abra la posibilidad de atender de manera consistente los problemas de salud pública.
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