El 19 de septiembre es una fecha triste para la sociedad mexicana, en razón de que en los años 1985 y 2017 nuestro país sufrió sismos de gran magnitud que generaron pérdidas humanas y económicas, por lo que, cada año, autoridades de los gobiernos federal y de la Ciudad de México efectúan simulacros; por cierto, en el caso del de este año se le denominó macro simulacro.
¿A qué se deben estos simulacros? La Ley General de Protección Civil en el contenido de su artículo 41 establece que es para fomentar “la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva”.
¿Qué se entiende por protección civil?, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracción XLII, se define como “un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos (…) [para aplicar] las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”.
¿Quiénes participan?, los servidores públicos de las dependencias de gobierno y los particulares.
Ahora bien, ¿qué obligaciones surgen derivadas de la protección civil? Tanto para los sectores público, privado o social, deberán por disposición de Ley, contar con un Programa Interno de Protección Civil.
¿Significa que el sector privado cumplirá con la Protección Civil al hacer la evacuación de sus instalaciones, participando en los simulacros? La Ley General de Protección Civil, en su artículo 78, nos da la respuesta, que de manera textual indica: “Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales”.
De acuerdo con lo anterior, tienen las siguientes obligaciones:
I.- “Contar con una Unidad Interna de Protección Civil”, también conocidas como “Brigadas Institucionales de Protección Civil”, como lo establece la mencionada Ley.
II.- “Elaborar un programa interno”, que para la Ley en comento es “el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre”.
¿Qué pasa si los servidores públicos y los particulares no cumplen con la Protección Civil? Existe sanción en ambos casos; por ejemplo, en la Ciudad de México, según la Ley del Sistema de Protección Civil para la Ciudad de México y su Reglamento, la omisión de las obligaciones de los servidores públicos se sanciona en la vía administrativa y la omisión en el cumplimiento de medidas preventivas es equiparable “al delito de ejercicio ilegal del servicio público; por cuanto hace a los particulares, la autoridad administrativa podrá practicar visitas de verificación administrativa y en caso de incumplimiento, se impondrán multas, la “suspensión, clausura de eventos, actividades, establecimientos mercantiles”.
Más allá de las sanciones, como son las multas, deberá protegerse la integridad, la vida de las personas, fomentando la cultura de la Protección Civil y cumpliendo con las normas jurídicas, no realizando simulaciones de actuaciones, en virtud de que la vida y seguridad de las personas está en riesgo.
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